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El gobierno hizo una presentacion a traves de Fiscalia de Estado
Denunciaron en la Justicia los paros del transporte interurbano
Piden investigar los perjuicios que ocasionó la medida a los usuarios y las intendencias. Y quiénes fueron los responsables de interrumpir el servicio.
La Justicia Penal ya tramita una de-nuncia que presentó el gobierno provincial a raíz de los perjuicios ocasionados por el paro del transporte interurbano de pasajeros que durante los días 4 y 5 de enero pasado afectó a miles de personas.
La denuncia fue presentada el mismo viernes por Fiscalía de Estado, luego de la conferencia de prensa que dio el vicegobernador Jorge Pellegrini en la que volvió a cuestionar la decisión de los empresarios.
“Junto con la denuncia acompañamos las pruebas de que disponíamos, como por ejemplo fotos e informaciones de los inspectores de transporte”, dijo Velia Guil abogada de Fiscalía.
La presentación se hizo al amparo del artículo 194 del Código Penal que castiga a quien impida el normal funcionamiento de los sistemas de transporte e impone una pena de prisión de tres meses a dos años a los culpables.
“Hemos pedido que todo esto sea materia de investigación y determinación. Tenemos que determinar qué personas fueron las que ordenaron el paro. Hay tentativamente dos nombres, pero antes hay que hacer las investigaciones que corresponden”, dijo la abogada.
La presentación del gobierno apunta a determinar las responsabilidades de las empresas ya que según el contrato de explotación de cada uno de los corredores provinciales, las firmas tienen la obligación de prestar el servicio sin interrupciones. “Es un servicio esencial. Al eliminar a la población la posibilidad de transportarse, han incumplido con la obligación que ellos asumen en el contrato”, agregó la letrada. Y recordó que existe “abundante jurisprudencia de jueces de todo el país que ordenan que no se pueden hacer cortes en el servicio y que hay que agotar cualquier vía administrativa previa y de discusión”.
Guil señaló además que la determinación empresaria de interrumpir el servicio quedó asociada a la figura de “coacción” ya que “mediante esa decisión intentaron obtener de la autoridad pública (en este caso el gobierno) algún tipo de resolución favorable”.
Al respecto, los propios transportistas han declarado que la decisión de interrumpir el servicio estuvo ligada al reclamo por una suba tarifaria, en promedio, del 50%.
En tanto, en el gobierno consideraron que la irrupción del servicio cobró más gravedad aún por el contexto en el que se dio. Primero con la interrupción parcial del servicio, durante algunas horas. Y luego con una medida por tiempo indeterminada que fue levantada a las 48 horas.
“Hubo un delito. Se evitó que las personas fueran transportadas con el agravante de que eran días de máxima utilización del servicio”, dijo Guil.
Intendencias también perjudicadas
La denuncia también hace referencia a perjuicios que el paro ocasionó en algunas comunas. Por ejemplo, en Carolina la ausencia de transporte llegó justo el fin de semana en que se realizaba su fiesta. Y eso limitó la presencia de turistas en el lugar. En La Punta, el municipio se vio obligado a diagramar un servicio de emergencia y a contratar minibuses para intentar dar una respuesta a la falta de transporte en esa ciudad en la que habitan más de 12 mil personas.
“Estamos recibiendo todo un bagaje de información que va a redondear la denuncia que entablamos. Es todo materia de investigación y estamos aportando pruebas”, concluyó Guil.
La denuncia en la Justicia corre por cuerda separada a la vía administrativa. La semana pasada el ministro de Hacienda, Alberto Pérez advirtió que el paro de los empresarios puede derivar en multas e incluso en la suspensión de la concesión del servicio.
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