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visito al ministro de trabajo de la nacion
Moyano dijo que cada gremio planteará su reclamo salarial de modo independiente
El sindicalista volvió a repetir que no habrá piso ni techo para los pedidos de aumento.
El titular de la CGT, Hugo Moyano, aseguró ayer que el sindicalismo actuará de manera “racional” al plantear este año sus aspiraciones en materia de reajustes salariales, y aclaró que no habrá un reclamo único, sino que cada gremio discutirá de manera “independiente” con el sector patronal que le corresponda.
Moyano sostuvo que “no hay tope ni piso” para las negociaciones, y que la discusión salarial la van a dar “las mismas organizaciones gremiales”, ya que consideró que “tienen la suficiente capacidad y responsabilidad para saber hasta dónde pueden conseguir aumentos”.
“Tiene que quedar en claro, me he cansado de decirlo, que la CGT no pone montos, no pone techo ni piso, no pone cifras ni porcentajes en la discusiones paritarias, porque podemos ser injustos si hacemos eso”, explicó el sindicalista.
El líder de la CGT se refirió de ese modo al término de una reunión que mantuvo ayer con el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, en la sede de la cartera laboral.
“No creo que por discutir salarios se vaya a tirar la economía”, opinó el dirigente, al tiempo que dejó en claro que “se van a discutir salarios libremente, como se hizo el año pasado, algunos un punto más, otros menos, pero se lo va a hacer de una forma racional”.
“El año pasado decían que se venía el mundo abajo cuando empezaron a discutir salarios, arreglaron todas las organizaciones gremiales y no pasó absolutamente nada, y este año va a pasar lo mismo”, evaluó Moyano, acompañado por el titular del gremio de peones de taxis, Jorge Omar Viviani y el titular de las 62 Organizaciones, Gerónimo Venegas.
Si bien no confirmó que el tema fuera conversado con Tomada, Moyano remarcó que “el eje de la reunión” no fue la discusión por salarios y el Impuesto a las Ganancias, sino “el anuncio del Gobierno de dar la libre opción” al sistema jubilatorio “un viejo reclamo que tiene la CGT”.
“Hoy, el gobierno nacional retoma parte de la dignidad de los trabajadores y les da la opción de que se puedan pasar a la jubilación del Estado”, afirmó el líder de la gremial obrera que calificó la medida como “un hecho sumamente importante”.
Pero tanto en la reunión que el lunes mantuvo con el presidente Néstor Kirchner como en el encuentro de ayer, se dialogó sobre la postura de la CGT y las críticas de diversos sectores de la producción respecto de las demandas salariales.
El titular de la CGT destacó la decisión oficial de rebajar del 3 al 1% las comisiones que cobran las AFJP a los trabajadores asociados a ese régimen de capitalización.
“Esto es muy importante porque las AFJP lucraban con los aportes de los trabajadores”, remarcó.
En cuanto a la suba del mínimo no imponible, explicó que “eso ya está previsto en la Ley de Presupuesto que aprobó el Senado, no tiene lugar a discusión y se va a llevar adelante como se hizo el año pasado”.
“No obstante eso, son temas que se discuten y se van a seguir profundizando para ver si se puede establecer una norma que nos permita a los trabajadores no sufrir ese descuento que creemos es un impuesto al trabajo”, adelantó Moyano.
También indicó que la doble indemnización “es posible modificarla una vez que se normalice la situación de desempleo” y que el seguro por invalidez “va a ser manejado por el Estado, a través de la Anses”, y que “ya no van a ser las AFJP las que lucren con las necesidades de los trabajadores inválidos”.
Segun el boletin oficial
Suben entre el 20 y el 100% las asignaciones familiares
El Gobierno dispuso un incremento del 20% de las asignaciones familiares por hijo, y del 100% a las de nacimiento, adopción, matrimonio y cónyuge de jubilado.
Junto con ello, según indica un decreto publicado en el Boletín Oficial, se dispuso hasta el 31 de diciembre un incremento de los topes salariales debajo de los cuales los trabajadores tienen derecho a percibir el beneficio, como así también una actualización de las escalas.
Así, para los salarios hasta 1.700 pesos, la asignación por hijo pasará de 60 a 72 pesos; hasta 2.200, de 45 a 53; y hasta los nuevos topes de 3.000 pesos para el país y 3.500, en regiones especiales, de 30 a 36 pesos.
Los anteriores rangos eran de 100 a 1.200 y de 1.201 a 1.800 pesos, con topes de 2.600 en el país y 3.000 pesos para áreas especiales.
En el caso de las asignaciones por hijo discapacitado, dentro de las mismas escalas, pasarán de 240 a 288 pesos; de 180 a 216 pesos; y de 120 a 144 pesos.
Para los jubilados con hijos a cargo, las asignaciones se incrementarán de la misma forma que para los empleados en relación de dependencia, aunque las escalas pasarán de 1.200 a 1.700 pesos y de 1.800 a 2.200, con tope de 3.500.
La asignación por nacimiento pasará de 200 a 400 pesos, la de adopción de 1.200 a 2.400, la de matrimonio de 300 a 600 pesos y la de cónyuge de jubilado de 15 a 30 pesos.
El Gobierno dispuso prorrogar hasta fin de año el régimen especial que regula los vales o tickets canasta, que establece un pago de hasta 20% del salario bruto en el caso de trabajadores bajo convenio y del 10% en los que no.
Otras prestaciones del régimen son los vales del almuerzo, reintegros de gastos de medicamentos y gastos médicos y odontológicos, ropa de trabajo, guardería, útiles escolares y guardapolvos, cursos o seminarios de capacitación y sepelio de familiares. Por otra parte, se prorrogó hasta el 31 de diciembre el régimen especial que ofrece descuentos en las cargas sociales de las empresas que generen un incremento neto de sus planteles de trabajadores.
La medida señala que el régimen “ha demostrado ser en la práctica un instrumento de utilidad para alentar y coadyuvar a la incorporación debidamente registrada de trabajadoras y trabajadores”.
El plan permite reducciones de entre 30 y 50% en las cargas sociales para la contratación de nuevos empleados, lo cual favorece, entre otras cuestiones, al blanqueo del personal contratado de manera irregular. (DyN)
Secuestro de las monjas francesas
Astiz negó las imputaciones y responsabilizó a “agentes encubiertos franceses”
También le pidió al jefe de Estado Mayor de la Armada que lo releve de la obligación de guardar secreto.
El ex represor de la dictadura, Alfredo Astiz, negó ayer ante la Justicia las imputaciones sobre el secuestro y homicidio de dos monjas francesas, de lo que responsabilizó a “agentes encubiertos” de Francia.
Astiz está acusado de haber actuado en los casos de Leonie Duquet y Alice Domon, que en 1977 pasaron por la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y al menos una de ellas fue arrojada al mar en un “vuelo de la muerte”.
Por eso, el destituido capitán de la Armada, de 56 años, pidió a la Justicia que ordene la captura internacional, con fines de extradición, del ciudadano francés René y/o Bertrand de Perseval o Parseval, “quien es sindicado por (la periodista) María Monique Robin y (la familiar de desaparecidos) María del Rosario Cerruti como asistente al momento en que fueron detenidas las monjas francesas”.
“No me extraña que Francia me persiga pretendiendo responsabilizarme echándome la culpa de todo lo acontecido y actuado por sus agentes encubiertos”, dijo el ex marino al declarar ayer por primera vez —las veces anteriores se negó— desde que está imputado en causas por violaciones a los derechos humanos.
En 1990, un tribunal de París juzgó en ausencia a Astiz, también conocido por sus víctimas como “El Cuervo” y “Gustavo Niño”, y lo condenó a reclusión perpetua por los secuestros de Duquet y su colega Domon.
Astiz entregó al juzgado una desgrabación del documental “Los escuadrones de la muerte, la escuela francesa”, de la periodista María Monique Robin, que menciona la participación de generales de Francia con experiencia en la guerra de contrainsurgencia en Argelia en el entrenamiento de militares argentinas para reprimir a los grupos guerrilleros.
En su declaración indagatoria Astiz proclamó su “inocencia total y absoluta” al tiempo que solicitó el “sobreseimiento definitivo en esta causa”, pero aclaró que mientras se sustancien las medidas de prueba ofrecidas al Juzgado, disponga “la libertad” porque, a su entender, “no hay peligro de fuga”.
Para reclamar esas posibles disposiciones de parte del Juzgado en su beneficio se basó en que “estos presupuestos son los que expone el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en su informe de 2005 sobre los derechos humanos en Argentina”.
A su vez, Astiz pidió al jefe de Estado Mayor de la Armada, almirante Jorge Godoy, que lo releve de la obligación de guardar secreto “respecto a las tareas de inteligencia efectuadas” en relación a los secuestros ocurridos en la Iglesia de Santa Cruz, donde fue secuestrada la monja francesa Leonie Duquet, y las familiares de desaparecidos María Eugenia Ponce de Bianco, Esther Balestrino de Careaga y Angela Aguad.
El ex capitán de fragata expresó que entre todos los declarantes en la causa “no hay un solo testigo presencial de los hechos que me haya imputado los delitos de desaparición forzada de personas y homicidios” y remarcó que “todos se refieren a tareas de inteligencia”.
Astiz amplió ayer su declaración indagatoria en los tribunales federales durante casi tres horas, durante las cuales “compulsó la causa” junto a su abogado defensor, Juan Aberg Cobo hijo —quien se excusó de hablar con la prensa— y luego “ofreció medidas de prueba” al juez Sergio Torres y al fiscal Eduardo Taiano.
Con prisión preventiva que cumple en la base naval de la localidad bonaerense de Zárate, Astiz está imputado de los homicidios en “vuelos de la muerte” de la fundadora de Madres de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor, Duquet y las familiares de desaparecidos María Eugenia Ponce de Bianco, Esther Balestrino de Carega y Angela Aguad.
En este mismo legajo de la denominada “megacausa ESMA”, hace una semana amplió su declaración indagatoria el destituido capitán Jorge “Tigre” Acosta, quien al referirse al proceso judicial en su contra consideró que “es claro que estamos en presencia de la continuación de la guerra civil de características terroristas revolucionarias que se iniciara en los años 70”.
Para el próximo martes 30 está citado a ampliar su declaración como imputado el vicealmirante retirado Luis María Mendía, que era comandante de Operaciones Navales entre 1975 y 1976, y cumple prisión preventiva domiciliaria.
Parque de la Memoria porteño
Destruyeron placas con nombres de desaparecidos
Veinticuatro placas con nombres de desaparecidos durante la última dictadura militar fueron destruidas en el Parque de la Memoria, instalado en un predio de la Ciudad Universitaria frente al Río de la Plata.
El ataque, ocurrido hace varias semanas sobre ese espacio en construcción, fue denunciado en las últimas horas por representantes de organismos de derechos humanos.
El Parque de la Memoria —creado por una ley de la Ciudad de Buenos Aires en 1998— es una extensión de 14 hectáreas ubicada en la franja costera del Río de la Plata, donde se encuentra en construcción el Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado y un grupo de esculturas conmemorativas.
Las 24 placas destruidas formaban parte de las 30 nóminas colocadas de manera provisoria sobre el monumento en construcción el pasado 24 de marzo —cuando se conmemoraron los 30 años del último golpe militar— para recordar a los 30 primeros desaparecidos por el terrorismo de Estado en la década del ´70.
Según explicó la coordinadora de la Comisión Pro-Monumento de la Ciudad, Florencia Battiti, las placas rotas fueron encontradas por el personal de obra tras el feriado de Navidad.
“Pese al ataque vamos a seguir adelante para tener el monumento listo para fin de año. Los nombres que se colocarán allí estarán en constante elaboración en base al chequeo que se realizará de manera permanente sobre el listado que la Conadep publicó en el ´84”, explicó Battiti.
Por su parte, la titular de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas e integrante de la Comisión Pro Monumento, Mabel Gutiérrez, expresó su “profundo dolor” por la “violación de los nombres de las víctimas”, pero remarcó que ese ataque “no detendrá en absoluto el trabajo por la memoria”. (NA)
Lo cito el ejercito
Sancionarían a un militar retirado por llamar terroristas a funcionarios
El Ejército citó ayer al teniente coronel retirado Emilio Nani, quien calificó de “terroristas” a varios funcionarios del gobierno nacional, para que reitere o modifique sus expresiones, y en caso de ratificarlas, podría ser sancionado.
“Se trata de un procedimiento habitual cuando un personal que reviste estado militar formula juicios contra funcionarios del Gobierno o de las autoridades castrenses”, afirmó el jefe de prensa de la fuerza, coronel Gustavo Tamaño, que confirmó la citación.
Nani fue el orador de fondo en un acto de homenaje a víctimas de la guerrilla —en el aniversario del copamiento del regimiento de La Tablada— realizado el martes frente al cementerio de La Recoleta, donde afirmó que “quienes atacaron la Patria ocupan cargos privilegiados en los poderes del Estado”.
El militar retirado agregó que “los derechos humanos siempre estuvieron en manos de terroristas o personas afines” y para comprobarlo “no hay más que observar la Secretaría de Derechos Humanos” del gobierno nacional.
Nani afirmó que esa dependencia oficial está “en manos de dos de los confundidores de la organización terrorista Movimiento Todos por la Patria (MTP) que asaltó La Tablada» y por si cabían dudas afirmó: “Me refiero a (el secretario) Eduardo Luis Duhalde y a (el subsecretario de Derechos Humanos) Rodolfo Matarolo”.
El vocero del Ejército afirmó que Nani fue citado por la dirección general del Ejército para que “ratifique o rectifique las declaraciones que le atribuyen los medios de comunicación”.
El militar afirmó que una vez que pueda ser ubicado, deberá presentarse obligatoriamente y confirmar cuáles fueron sus expresiones, tras lo cual el Ejército evaluará sus declaraciones y las encuadrará en las leyes y reglamentos de la institución, y se determinará si le corresponden sanciones.
Nani habló el martes durante una reunión de militares retirados y familiares de las víctimas de la subversión en la década del ’70, tras participar de una misa en la Iglesia Nuestra Señora del Pilar, con motivo del 18 aniversario del copamiento al cuartel de La Tablada.
La conmemoración, que fue encabezada por el teniente coronel retirado Emilio Nani y Cecilia Pando, presidenta de la agrupación de esposas de militares presos, incluyó fuertes críticas al Gobierno y una defensa de la represión ilegal de las Fuerzas Armadas.
Nani sostuvo que hay “senadores, ministros y funcionarios gozando de impunidad, cuando se sabe que asesinaron conciudadanos”.
El militar retirado, que resultó herido durante la recuperación del cuartel de La Tablada tomado por militantes del MTP el 23 de enero de 1989, calificó de “detenidos políticos injustamente perseguidos” a los represores presos por violaciones a los derechos humanos. En cambio, rechazó una amnistía, como solicitaron otras agrupaciones presentes en el mismo acto, porque, dijo, “quienes combatieron no merecen la afrenta de una amnistía”.
En el mismo acto, Cecilia Pando opinó que “todos los terroristas que están en el Gobierno tienen que tener su condena” y mencionó “a (el canciller Jorge) Taiana, (Rafael) Bielsa, (Miguel) Bonasso, (Carlos) Kunkel, (Juan Carlos) Dante Gullo, (Jorge) Obeid, y (Horacio) Verbitsky”.
Los actos de las agrupaciones convocantes, donde abundan militares retirados, tienen en común una fuerte defensa de la acción de las Fuerzas Armadas y de seguridad en la represión ilegal en la década del 70 y fuertes críticas a la política de derechos humanos que promueve el presidente Néstor Kirchner. (DyN)
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