UNA PRUEBA QUE FUE EXCLUIDA DE LA CAUSA QUE IRA A JUICIO ORAL Una pericia muestra a Grassi con el perfil de un “delincuente sexual” El estudio psicológico pertenece a otra causa judicial que el sacerdote enfrenta en la Justicia santacruceña, también por abuso sexual. Sin embargo, la pericia no formará parte del juicio que empieza el mes próximo. El cura Julio César Grassi, a punto de ser juzgado por presunto abuso de menores a los que debía proteger, tendría “un perfil psicológico similar al que poseen los delincuentes sexuales”, según determinó una pericia médica que fue excluida de las pruebas que se usarán en el juicio oral que se iniciará el mes próximo en Morón, provincia de Buenos Aires. Así lo denunció ayer el abogado Juan Pablo Gallego, que representaba a los menores que imputaron al cura. El letrado acusó además al Tribunal Oral Criminal (TOC) 4 de Morón —que juzgará al sacerdote— de haberlo apartado irregularmente del proceso. Gallego insistió en plantear sospechas frente a la “comunidad de intereses entre la defensa, el imputado y el tribunal” y aseguró que esa situación se demostraría en las “amigables” reuniones que se mantienen con vistas al debate oral a fin de coordinar “las pruebas a ser excluidas del mismo, a espaldas de los particulares damnificados”. Sobre ese punto, Gallego aludió a una pericia psiquiátrica que se le hizo a Grassi el 23 de agosto de 2005 por pedido del Juzgado Penal de Santa Cruz, donde también se investiga una denuncia en su contra por presunto abuso sexual. Hasta ahora la defensa de Grassi siempre se había negado a que su cliente se sometiera a las pericias psicológicas que requería la Justicia de Morón, obligatorias para todo acusado por estos delitos sexuales contra menores. El abogado Gallego aseguró que las conclusiones de esta pericia “resultan contundentes para acreditar la responsabilidad del imputado en los hechos que se le endilgan”. Precisamente los jueces del TOC 4 de Morón, Pedro Rodríguez, Carlos Roberto Torti y Rodolfo Castañares, enfrentan una investigación por su conducta en la Suprema Corte de Justicia bonaerense, pero ayer salieron a responder las acusaciones de Gallego y de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo y presidenta del Comité de Seguimiento de los Derechos del Niño (Cassadin), Estela de Carlotto. A través de un comunicado, los jueces advirtieron que trabajan “honradamente” y denunciaron una campaña mediática en su contra: sostuvieron que “la causa es absolutamente regular y pública, el tribunal es imparcial y ambas partes se manejan dentro de la legalidad”. Cuestionaron “una campaña de desprestigio motorizada por denuncias y apariciones públicas, que proviene de quien fuera parte y extrañamente debiera cuidar de dichos valores republicanos y democráticos”. Los magistrados aclararon que no hubo pruebas “excluidas” sino que, como en todo proceso, fueron las partes las que hicieron una selección del material a usarse en el proceso oral. CONCLUSIONES El estudio en detalle Según la pericia que se hizo el año pasado en Santa Cruz y que fue difundida ayer por fuentes del caso, psiquiatras y psicólogos llegaron a las siguientes conclusiones: • Grassi tendría un “comportamiento irritable y carente de amabilidad”, con una fuerte tendencia a “negar sentimientos”. • Mientras que sus dirigidos lo percibirían como “un ser despótico, agresivo y con mezquindad”. • También señala que, en base a los resultados de las pruebas efectuadas, “en especial el MCMI-II (un manual de evaluación psicológica), se obtuvieron indicadores similares del perfil psicológico que poseen los delincuentes sexuales”. • Los peritos describieron a Grassi como: - una persona dependiente, compulsiva con una característica estructural narcisista, - con dificultades de controlar los impulsos, - tendencia a actuar sin considerar adecuadamente las consecuencias de su accionar. • Reportaron además el “control excesivo intelectual sobre aspectos pulsionales sexuales”, la “derivación al cuerpo de los problemas psíquicos”, una “perturbación en el funcionamiento del ego” que se manifestaría a través de “un signo de inmadurez” con indicadores en el test de la pareja de “infantilismo y oralidad”. • Las conclusiones fueron rubricadas por la psiquiatra Susana Mendoza, el psicólogo del Cuerpo Médico Forense del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz Gastón Mendico y el experto en psiquiatría y psicología médica Sergio Bonotto. RECLAMO DE UN GRUPO DE FAMILIARES Cromañón: piden anular conclusiones sobre las autopsias de las víctimas Un grupo de familiares de las víctimas del trágico incendio del boliche República Cromañón solicitó a la jueza María Angélica Crotto la nulidad de las pericias médicas realizadas sobre los resultados de las autopsias de los 194 fallecidos en el hecho. El abogado y padre de una de las víctimas José Iglesias, confirmó el pedido y aclaró que esta medida “no implicará la exhumación de los cuerpos”, ya que se trata de los estudios posteriores realizados por sobre las autopsias. Iglesias explicó que estas pericias médicas fueron realizadas por los mismos forenses que realizaron las autopsias, por lo que “pasaron por alto los errores que cometieron” inicialmente. Por tal motivo el abogado adelantó que presentó una denuncia por “falsa pericia” contra los forenses que actuaron en la causa. De todos modos, Iglesias insistió en que, a pesar de esta denuncia, “no se realizarán nuevas autopsias”, por lo que descartó la exhumación de los 194 cuerpos. “Como la causa está caratulada como ‘estrago doloso’ no es necesario que se hagan nuevas autopsias para saber si los chicos murieron intoxicados. Yo soy padre de una víctima y no quiero pasar por algo tan doloroso como la exhumación. Pero acá hay elementos contundentes contra los peritos, que tuvieron una respuesta corporativa y no realizaron los pericias médicas como debían”, fundamentó el letrado. El trágico incendio se produjo el 30 de diciembre de 2004 en el boliche ubicado en el barrio porteño de Balvanera, en el marco de una presentación del grupo de rock Callejeros. Por este hecho Omar Chabán —gerenciador del lugar— su hombre de confianza, Raúl Villarreal y los integrantes de Callejeros fueron procesados por “estrago doloso”, aunque sólo el primero se encuentra detenido, a pesar de que sus abogados presentaron una acción ante la Corte Suprema para que recupere la libertad. Además, la tragedia tuvo connotaciones políticas ya que Aníbal Ibarra fue destituido en su cargo como jefe de Gobierno, en el juicio político que se le siguió por esta causa. EL JUEZ POSTERGO LA AUDIENCIA Causa AMIA: Anzorreguy pidió “más tiempo” para preparar su defensa El lunes declara Rubén Beraja ex titular de la DAIA como acusado. El ex jefe de la SIDE Hugo Anzorreguy pidió ayer más tiempo para “mejorar” su defensa y lo logró, ya que el juez federal Ariel Lijo aplazó hasta el 23 de junio la audiencia donde será indagado por el posible uso de fondos públicos en el pago de 400 mil dólares a Carlos Telleldín, absuelto en la causa por el ataque a la AMIA. La indagatoria de Anzorreguy se realizará luego de que se celebren las audiencias con otros 2 ex agentes de la SIDE, Patricio Pfinnen y Alejandro Brousson, trámite previsto para el próximo día 22. El próximo lunes deberá presentarse como acusado el ex presidente de la DAIA Rubén Beraja, involucrado por el Tribunal Oral Federal (TOF) 3 en las maniobras que habrían impedido esclarecer el atentado a la AMIA, en el que murieron 85 víctimas. Beraja declarará el lunes y al día siguiente será el turno del ex fiscal federal Eamon Mullen, imputado por haber convalidado los delitos atribuidos al juez Juan José Galeano, que será indagado el 15 de junio. José Barbaccia, que era adjunto de la Fiscalía que encabezó Mullen, deberá presentarse el miércoles 14 ante Lijo, que la semana siguiente interrogará a Anzorreguy y a 2 ex agentes de la SIDE que habrían intervenido en los pagos a la esposa de Telleldín. De acuerdo con la información suministrada por fuentes judiciales, el abogado Fabián Musso solicitó, como representante legal de Anzorreguy, una postergación del interrogatorio para analizar los cargos y preparar la defensa. La acusación contra Anzorreguy fue formulada por el TOF 3, que en 2004 absolvió a Telleldín y a cuatro ex policías bonaerenses que habían sido enjuiciados como cómplices del ataque a la AMIA, por considerar que toda la evidencia reunida en el caso fue fabricada para probar una hipótesis preconcebida. La intervención de Anzorreguy en la maniobra, en realidad, fue confesada por el propio ex funcionario, que admitió ante el Tribunal Oral haber utilizado 400 mil dólares de la SIDE para entregarlos en dos pagos a la mujer de Telleldín, Ana Boragni. El primer pago fue realizado el 5 de julio de 1996 y el segundo el 17 de octubre, en base a directivas que Anzorreguy dijo haber recibido del gobierno de Carlos Menem (1989-99) porque se había dispuesto el otorgamiento de recompensas para esclarecer el ataque a la AMIA. Boragni habría cobrado 400.000 dólares por un presunto acuerdo entre Juan José Galeano —entonces instructor del sumario por el atentado— y su cónyuge Telleldín, quien estaba detenido con prisión preventiva, para que éste incriminara a policías bonaerenses. El mismo día de la primera entrega del dinero, Telleldín ampliaba su declaración indagatoria ante el entonces juez federal Galeano. Siete días después, éste apresaba a 4 policías que estuvieron 8 años tras las rejas hasta que fueron absueltos por el TOF 3. “Es preciso aclarar aquí que la declaración indagatoria recibida a Carlos Telleldín el 5 de julio de 1996, a cambio de una importante suma de dinero, no constituye el primer acto irregular; casi podría decirse que fue la culminación de una cuidadosa trama pergeñada para dar una respuesta al incansable y justificado reclamo de la sociedad” para esclarecer el ataque, dijo el TOF 3. OTRO CANDIDATO Menem no descartó alianzas con Lavagna o Macri El ex presidente Carlos Menem confirmó anoche que volverá a ser candidato a la primera magistratura en el 2007 y no descartó una alianza con el ex ministro de Economía Roberto Lavagna. Menem afirmó que “hace rato que estoy lanzado” a la postulación presidencial y agregó que primero que nada “mi alianza es con el pueblo”. En declaraciones a la prensa al ingresar anoche al Palacio Rodríguez Peña de la ciudad de Buenos Aires, donde se realizó un acto de lanzamiento a su candidatura, Menem consideró que “Lavagna es un buen candidato”. Y ante una consulta sobre una posible alianza con el ex jefe del Palacio de Hacienda, afirmó: “La política es el arte de lo posible. Vamos a ver lo que más convenga al país”. “En un país como el nuestro todo el mundo tiene derecho a ser candidato y Lavagna puede ser un buen candidato”, estimó Menem. “En el 2007 vamos a competir los mismos que hicimos la primera vuelta en el 2003”, dijo Menem, y reclamó al Gobierno que convoque a elecciones internas en el PJ para normalizar el partido. Menem tampoco descartó una eventual alianza con Mauricio Macri y la centroderecha, al reiterar: “Vamos a ver lo que más convenga a nuestro país”. El ex presidente calificó con un “bajo cero” a la administración del presidente Néstor Kirchner y consideró que para este gobierno “parece que las víctimas de la subversión no tienen derechos humanos”. Dijo que escuchó desde Chile los discursos que se pronunciaron en la Plaza San Martín el acto del 24 de mayo pasado. “Nadie reivindicó en los discursos el terrorismo de Estado, y yo fui una de las víctimas del terrorismo de Estado, así que no estoy defendiendo a nadie”, señaló. A la Corte por la Causa Armas El senador nacional y ex presidente analiza la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema de Justicia para plantear el apartamiento de los camaristas Carlos Pizzatelli, Arnoldo Grabivker y Roberto Hornos, que ordenaron profundizar la pesquisa en torno a su posible responsabilidad en la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia. Menem recusó sin éxito a Pizzatelli, Grabivker y Hornos —miembros de la Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico— y ahora espera una definición sobre el planteo que presentó para apartar del caso al juez Rafael Caputo, que desde el año pasado está al frente de la causa por el presunto contrabando de armamento. La Sala B rehusó apartarse del caso y la Sala A confirmó esa medida, por lo que ahora el abogado Pedro Baldi, defensor de Menem, analiza la posibilidad de apelar a la Cámara Nacional de Casación Penal o directamente a la Corte. Los camaristas Edmundo Hendler y Nicolás Repetto, de la Sala A, entendieron que no hay motivos para separar del caso a sus colegas de la Sala B porque la sospecha de parcialidad invocada por la defensa de Menem carece de “fundamento serio” y es apenas una “suposición” no verificada. Según la defensa, los jueces habrían adelantado opinión respeto de la situación procesal de Menem, que no sólo afronta ante el fuero Penal Económico acusaciones por contrabando agravado sino que, además, allí se ventila el origen de su patrimonio en orden a establecer si se enriqueció ilícitamente. Baldi además impugnó la intervención de los jueces de la Sala B a partir de la asunción de Caputo, que al tomar funciones como nuevo instructor del expediente por el contrabando de armas pidió la renuncia de todos los investigadores y colaboradores del tribunal que trabajaban en el caso. | 
