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investigacion de UN CASO DE MALA PRAXIS
Los médicos que trataron a Nabila Ochoa ya no están procesados
Con esa decisión se abrió una polémica sobre las razones. Para algunos es una cuestión de forma, para otros un acercamiento a la absolución.
Puede ser una medida provisoria y originada en una falla en el cambio de los plazos y los métodos implementados con la última reforma del Código de Procedimientos, pero lo cierto es que Hermes Godoy y Verónica Canale, los dos médicos indagados por la muerte de Nabila Ochoa, ya no están procesados.
Para algunos de los participantes en la causa, los profesionales nunca estuvieron formalmente en esa condición, por lo que es imposible que hayan dejado de estarlo. Para otros, la revocatoria del juez Jorge Sabaini Zapata es un paso adelante en la desvinculación definitiva de los acusados.
La muerte de Nabila (aparentemente por una mala praxis de Godoy y Canale) se produjo cuando en la Justicia de San Luis un simple llamado a indagatoria significaba el automático procesamiento. El cambio del Código —implementado a mediados del año pasado— descartó ese método y puso en funcionamiento el que actualmente se utiliza: tras la indagatoria, el juez debe resolver si el sujeto queda procesado o no por medio de sus fundamentaciones. Independientemente, se dicta la preventiva.
En el inmenso espectro de las causas que se iniciaron cuando el Código de Procedimientos era uno y continuaron cuando estaba en práctica otro, quedó la investigación por la muerte de Nabila.
Tres días después de la maratónica indagatoria de Godoy, sus defensores presentaron un escrito en el que solicitaban la revocatoria del procesamiento. Con esa carta, Luis Eduardo Estrada Dubor instaló el juego en los términos del Código anterior a la reforma.
“Es muy grave que Godoy haya sido procesado, sin auto fundado”, dijo el abogado.
Para Cándido Assat, el representante de la familia de Nabila, la revocatoria del procesamiento de Godoy y Canale es una cuestión de forma, inevitable. Según esa línea de pensamiento, los médicos tras la indagatoria no debieron ser procesados. “Lo fueron por un error gramatical o una confusión entre la utilización de un Código u otro”, explicó.
Dijo Assat que las razones de Sabaini para desprocesar a Godoy y Canale no son la falta de mérito, sino las confusiones entre el Código a implementar. Según el abogado de los Ochoa, el juez aún no merituó la totalidad de las pruebas como para arribar a esa determinación.
“Entre el procesamiento tras la indagatoria y la declaración sin el procesamiento, la ley más benigna es la última. El juez hizo prevalecer esa ley en favor del procesado”, señaló Assat, quien considera que la causa está dando recién sus primeros pasos.
La fiscal
Una mirada más se suma con la opinión de la fiscal Sonia Fernández de Vargas, quien enterada de la resolución del juez pidió la declaración testimonial de los jefes de Neurología y Neurocirugía del hospital Noti de Mendoza, donde Nabila fue atendida.
En ese petitorio se observa la intención de profundizar la investigación contra los mismos sospechosos. Junto al escrito, la fiscal envió el interrogatorio que confeccionó luego de analizar los dichos de los indagados.
Para no perder tiempo que puede sufrirse más adelante, Fernández aceptó que las respuestas de los médicos mendocinos lleguen por exhorto desde el Juzgado en turno en la provincia vecina. Para que los testigos tengan más un panorama más amplio, la funcionaria pidió que les remitan la historia clínica, la historia de laboratorio y una resonancia magnética cerebral de Nabila.
Mientras se aguardan esas declaraciones, que pueden abrir una nueva sospecha contra los indagados, en los próximos días se repetirán las testimoniales de algunos enfermeros del Hospital San Luis y de otros médicos que actuaban en el Materno Infantil.
el automovil aparecio desmantelado en Villa Dolores
Dos detenidos por asaltar y golpear a un remisero
La investigación que se originó en Villa Mercedes, se trasladó a Santa Rosa y a Villa Dolores. Buscan a un tercer asaltante.
Dos hombres fueron detenidos en Villa Dolores, Córdoba, por el asalto que sufrió la semana pasada un remisero de Villa Mercedes, al que le sustrajeron el automóvil, el que fue hallado totalmente desmantelado.
En el mismo procedimiento, la Policía secuestró otro vehículo que presumiblemente fue usado para remolcar al remise que era buscado.
“Personal de la Comisaría 11ª, con el comisario Marcelo Allende al mando, realizaron las investigaciones a partir de la denuncia que radicó un remisero de Villa Mercedes, logrando pistas que los llevaron al norte de la provincia y también a trabajar en conjunto con la Policía de Córdoba”, refirió a este medio el comisario mayor Juan Carlos Garro, titular de la Unidad Regional II.
El jefe policial indicó que “en un procedimiento que se llevó a cabo en Villa Dolores se pudo encontrar el auto robado, un Renault 19, que había sido completamente desmantelado”.
El funcionario reveló que a partir de esta pista “se logró identificar y detener a uno de los presuntos asaltantes, un hombre afincado en esa ciudad”. Al profundizarse la investigación, “se ubicó a otro sospechoso, que vive en Santa Rosa del Conlara, y que podría ser quién remolcó el vehículo”, especuló Garro.
Tras la detención de los dos individuos, la Policía ha iniciado averiguaciones para ubicar a otro hombre, que se presume participó en el asalto propiamente dicho, según confió el comisario Garro..
La víctima de este caso es Carlos Alberto Núñez, un remisero de la agencia “Prolin”, que la semana pasada en horas de la madrugada, fue abordado por dos individuos en avenida 25 de Mayo, a la altura de la terminal de ómnibus. Los pasajeros le indicaron que los llevara hasta la discoteca “Iguana”, ubicada en la ruta N°148, a escasos kilómetros al norte de Villa Mercedes. Pero a poco de andar lo amenazaron apoyándole en la cabeza un elemento “que pudo ser un arma blanca o de fuego, algo que Núñez no pudo precisar”, comentó en su momento el comisario Allende.
De acuerdo a lo que Núñez relató ante los instructores de la causa, antes de llegar a la disco uno de los ladrones se hizo cargo del volante y que continuaron viaje hacia el norte de la ciudad. El remisero destacó que sus captores permanentemente hablaban por radio, celular o un teléfono NexTel, con un tercero, a quien le pedían asistencia ya que se estaba acabando el gas del coche.
El chofer no pudo ver al auto cuando llegó, pero por el sonido le pareció que se trataría de un FIAT Uno o Duna. Al respecto una fuente policial apuntó que los procedimientos realizados en el norte de la provincia incluyeron la incautación de un Duna.
Núñez fue abandonado a la vera de la ruta N°148, maniatado y con una cinta en la boca. Cuando logró zafar de las ataduras y dar aviso a sus compañeros era tarde, debido a que el automóvil había salido de San Luis.
Tras el hallazgo del automóvil desmantelado y la detención de los dos presuntos asaltantes, las actuaciones están orientadas a identificar al tercer implicado en el hecho y al mismo tiempo, a tratar de ubicar a quiénes tienen en su poder el motor y demás componentes del rodado.
INICIATIVA PARA AGILIZAR LA JUSTICIA
Proponen crear una dirección que administre los secuestros judiciales
El proyecto es autoría de Martín Jofré, secretario penal. Abarca los elementos incautados y que forman parte de la investigación judicial.
Los elementos secuestrados confor-man una porción importante en el proceso penal. Objetos robados, armas homicidas y ropas ensangrentadas pueden ser determinantes para aclarar un delito, resolverlo y condenar al culpable.
El atosigamiento que sufre la Justicia Penal alcanza también a esos objetos materiales que ocupan lugar físico y muchas veces quedan amontonados en despachos oscuros, sin dueños que los reclamen. Para comenzar a solucionar ese problema, el secretario del Juzgado del Crimen Nº 1, Martín Jofré, presentó la semana pasada un proyecto para la creación de una dirección que controle, recepte, califique y conserve esos bienes.
El funcionario conoce a fondo el problema debido a que convive con él en su función en el Juzgado. “Es uno de los inconvenientes más acuciantes que tiene la administración de Justicia”, dijo en el proyecto que elevó al Superior Tribunal.
La idea del secretario de la jueza Mirtha Esley es la creación de la Dirección de Secuestros Judiciales, un organismo que “le daría el marco legal al tema, ejerciendo específicamente y concretamente el contralor de todos los bienes que en carácter de secuestros formen parte de un proceso penal”.
Jofré propone que la dirección a crear cuente con un espacio físico para el alojamiento de los bienes, que podrían ser las bauleras de los juzgados de instrucción. Además, indica que la dirección estaría a cargo de una persona con rango de funcionario, “pues deberá dar fe de todos los actos que se lleven a cabo en la dependencia a su cargo”.
El proyecto que entró en evaluación en la Corte contempla que el personal del organismo serán los maestranzas de turno y que debería estar equipado con una PC conectada en red con las dependencias de instrucción penal y con la Cámara del Crimen.
“La buena organización y disposición de todos los bienes que quedan bajo la tutela del Poder Judicial mientras dure el proceso al que están ligados hacen a una administración de Justicia donde concurran la celeridad, transparencia, idoneidad, economía procesal y por sobre todas las cosas, el sentido común y la razonabilidad de los actos que afectan a magistrados, funcionarios, empleados y en especial a los administrados”.
Secuestros
Las cosas que la Policía secuestra en el marco de un sumario judicial son materia integrante del debido proceso, indica Jofré, quien aseveró que presentó su proyecto ante el nuevo Superior Tribunal al considerarlo “abierto al diálogo y a las sugerencias”.
El funcionario distingue tres tipos de secuestros. “Los integrantes del cuerpo del delito son constitutivos de la prueba judicial; necesarios desde el inicio del proceso hasta el juicio oral. Una vez que termine el debate su finalidad será de bien público, remate, destrucción o el destino que disponga el Superior Tribunal de Justicia”.
La segunda clasificación manifestada por Jofré son los bienes que pertenecen a los damnificados, por lo general elementos robados por las personas detenidas. “Esos elementos, sobre los que ha recaído el delito, constituyen prueba hasta el momento de la resolución sobre los imputados”, explica el autor del proyecto.
Son esos los elementos que pueden ser objeto de pericias y, por ende, alcanzan relevancia en la investigación. Una vez que esos actos se terminan y si los bienes ya no son necesarios para la causa, “serán devueltos con carácter provisional o definitivo a las personas que hayan acreditado en el expediente ser sus legítimos dueños”.
En cuanto a las armas secuestradas que constituyan cuerpo del delito, la tercer categoría estipulada por Jofré, “serán clasificadas y preservadas por ser de uso permanente durante la totalidad del proceso“. Una vez que finalice la investigación, el destino será estipulado por el Superior Tribunal de Justicia y en caso de que el damnificado del delito acredite su propiedad, le será reintegrada.
El secretario del Juzgado también propuso los términos de la disposición de los secuestros. A los establecidos por el Código de Procedimientos Criminales, se suma la idea de que el juez instructor resuelva el destino de los elementos en el mismo momento que decide la situación procesal del acusado.
“También el magistrado decidirá qué bienes están en condiciones de ser devueltos y cuáles deberán quedar a la guarda del Poder Judicial”, aseveró el secretario.
ABIGEATO EN SAN MARTIN
Perdió tres vacas en un campo de pastura
Un ganadero llevó 55 animales a un campo para que pastaran. Cuando fue a retirarlas, un año y tres meses después, le faltaron tres. Le dijeron que habían muerto.
Como un productor rural no tiene los pastos necesarios para alimentar a sus animales, trasladó sus vacas hasta una propiedad vecina. Cuando fue a buscarlos se enteró que le faltaban tres y denunció al dueño del otro campo de robárselos.
El hecho fue dado a conocer por un ganadero de apellido Vega que se domiciilia en el paraje Las Cañas, en el Departamento San Martín. El hombre dijo que llevó cincuenta y cinco animales a pastar en un campo cercano en mayo del año pasado.
Durante el año y tres meses que llevan los animales en campo prestado, el dueño ha ido retirando las cabezas entre las que hay vacas y terneros. El 20 de julio pasado, iba Vega a retirar la última manada pero se encontró con el faltante.
Eran dos vaquillonas y una vaca que el ganadero tenía como todavía entre su propiedad.
El dueño del campo le dijo que los animales habían muerto durante el tiempo que estuvieron en su propiedad. Ante la Policía, Vega se quejó porque el dueño de la estancia no le comunicó el fallecimiento en el momento de sucedido. Tampoco —denunció— pudo comprobar fehacientemente la muerte de los animales.
La denuncia fue radicada en la Comisaría de Concarán, que tiene jurisdicción en todo el Departamento San Martín.
NI TOCARON LOS LIBROS
Robaron 30 pesos de la biblioteca de Cortaderas
Los ladrones no se llevaron ningún libro. Revolvieron el lugar y tiraron los ejemplares al piso, pero sólo se adueñaron del dinero.
Está claro que al grupo de ladrones que ingresó a una biblioteca de Cortaderas lo que menos le importaba era el material bibliográfico que allí se guardaba. Los intrusos revolvieron los cajones de un escritorio y sacaron treinta pesos.
El robo fue descubierto por la encargada, quien al llegar al edificio notó que en el piso habían algunos escombros. Habían caído desde el techo, donde una tapa de cemento había sido corrida para permitir el ingreso de los ladrones.
La inspección de la mujer continuó en la planta alta del lugar. Una habitación estaba con la ventana abierta y los libros de las estanterías había quedado por el suelo, en un completo desorden.
La denuncia que radicó en el destacamento de Cortaderas, la mujer aseguró que no notó ningún faltante de la biblioteca, por lo que bajó nuevamente hacia las oficinas administrativas. Allí revisó los cajones y se dio cuenta de que en su tarea delictiva los desconocidos se habían llevado el dinero en efectivo, escaso si se tiene en cuenta el valor de los libros que hay en el lugar. La Policía cree que los delincuentes no se llevaron nada de esos elementos porque no tuvieron vehículos para trasladarlo. Tal vez no sabían los ladrones que el saber no ocupa lugar.
Tras la recepción de la denuncia, la Policía no ha logrado información sobre quiénes podrían ser los autores del robo.
UN proceso DILATADO en villa mercedes
El juicio por el caso Moleker sigue suspendido pero genera polémica
En lo que ya es uno de los procesos más largos de la historia judicial de San Luis, las partes buscan alguna prueba que les dé la razón. Los huesos hallados van por su cuarto examen de ADN.
Mientras la Cámara Penal de Villa Mercedes aún no determina cuándo se retomarán las audiencias del prolongado, dilatado, complejo y polémico caso Moleker, el mismo sigue siendo noticia por las alternativas que van surgiendo durante la espera.
Lo último que surgió en este sentido no tuvo relación directa con la causa, donde se investiga el presunto homicidio de Yolanda Beltramini, sino con la política con que se realiza el plenario.
Cabe recordar que el tribunal que preside Clotilde Montoya de Zucco y que también integran Rafael Plaza Posadas y José Alberto Liceda, ordenó un cuarto análisis de ADN para determinar si los restos óseos que están a disposición de la Justicia pertenecen o no a la mujer desaparecida en el invierno de 1990.
El defensor de la presunta instigadora del supuesto crimen, Luis Eduardo Estrada Dubor, solicitó al Ministerio Fiscal que anule ese análisis: “Esa prueba ya se ha hecho muchas veces y por ello entiendo que el tribunal busca un resultado que diga que se trata del cadáver de la señora Beltramini para de ese modo condenar, algo que no es otra cosa que prejuzgar y demostrar parcialidad. Además cabe recordar que la ley prohibe que un cuarto intermedio dure más de diez días, pero ya van dos meses de espera de esas pericias”. Por tal razón es que el penalista planteó una recusación contra la presidenta del tribunal y Plaza Posadas.
El abogado de Mirtha Elena Gutiérrez resaltó que “ni siquiera está debidamente demostrado que se trate de huesos humanos”. Sobre este último punto, Hernán Echevarría, que junto a su padre Luis representan a los hijos de Beltramini en calidad de particulares damnificados, se contrapuso a las aseveraciones de Estrada Dubor: “El Equipo Argentino de Antropología Forense demostró categóricamente que los restos en cuestión son humanos. Además, se logró armar lo que fue una mano y se estableció que el hioides no sólo perteneció a una persona, sino que esa persona fue una mujer”. (ver fotografías)
Aseguró que esos huesos fueron hallados en el patio de Bélgica 143 de Villa Mercedes, domicilio de Beltramini y su familia, durante el invierno de 2002, cuando la causa fue reabierta por Martha Vallica San Martín de Figari.
Esto fortaleció las sospechas que durante 12 años se tejieron sobre el esposo de la desaparecida, Pedro Ramón Moleker, fijándose la semiplena prueba que señala que le dio muerte para luego sepultarla en el patio. Las conjeturas indicaron que este hombre, de profesión mecánico, habría sido impulsado a cometer el crimen por Gutiérrez, con quien en 1990 mantuvo una relación extramatrimonial, según consta en el expediente.
En los próximos días se resolverá la recusación planteada por Estrada Dubor, situación que es estudiada por los jueces Humberto Emiliano Agúndez, Sascha von Lapcevic y Raúl Alberto Funes. Mientras tanto se aguarda el resultado de los análisis de ADN para saber si Yolanda Beltramini fue realmente asesinada en 1990, o si la duda persistirá y si se deberá recurrir a otros elementos para llegar a tal conclusión.
Medio año
Revivir el drama de una muerte presuntamente violenta en estrados judiciales —donde los aspectos humanos le dan paso a la frialdad de los expedientes—es revolver un mal recuerdo hasta convertirlo en remordimiento.
Si esos momentos negros son discutidos una y otra vez, desde diferentes ópticas y con distintos intereses, la causa no sólo será la fuente de impredecibles consecuencias: además se tornará peligrosa. Eso es lo que está pasando con la causa que se inició con la desaparición de Yolanda Beltramini.
Hay que sumar el manoseo que soportó el expediente y la insólita lentitud con la que acompañó la Justicia para empañar un crimen horroroso por sí mismo, pero maximado por esas circunstancias.
La sola idea de que, a 16 años de ocurrido, el asesinato puede quedar impune retuerce las reglas básicas de las leyes. Y la acusación del defensor de que la Justicia busca condenar a cualquier precio es sustentada en el tiempo transcurrido.
Los culpables del crimen de Beltramini todavía son una cuenta pendiente. Y los procesados por el homicidio llevan seis meses en la angustia de saberse señalados, sin la seguridad de un futuro entre rejas o libres.
Frente a este incierto panorama se sostiene que la víctima, sus familiares, Villa Mercedes y toda la provincia merecen una respuesta.
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